Alda Lazo Ríos de Hornung (*)
El consumidor peruano se encuentra en desventaja frente a los proveedores por la poca o ninguna información que recibe, en este sentido es importante que la Comisión Consultiva de Juristas, que elaborará el Anteproyecto de Ley del Código de Consumo, considere la inserción de mecanismos de protección claros y eficaces que permitan al consumidor la defensa de sus derechos. Es indispensable que el referido Código sea un instrumento para difundir los derechos de los consumidores, que precise las sanciones a los infractores; sin descuidar la prevención en estos derechos, ni desarticular el actual sistema de protección al consumidor, al contrario sea mejorado, pero sobre todo se descentralice a nivel nacional esta protección.
El nuevo Código permitirá que el consumidor cuente con mecanismos de protección legal generando un mercado empresarial transparente y eficiente, por lo cual para que tenga legitimidad debe debatirse por todos los interesados. Tenemos que consultar, debatir y escuchar a quienes juegan papeles decisivos en la defensa del consumidor, los organismos reguladores, los operadores, proveedores y los propios consumidores que son los ciudadanos.En este sentido, la labor de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República en este período 2009-2010 está enfocada en la mejora y modernización del marco normativo de la legislación en materia de consumo a través del Código de Consumo; y a su vez de una mejora del ámbito institucional y mecanismos de solución oportuna de los reclamos en los derechos de los consumidores. Sumado a la defensa de los derechos de los consumidores, la Comisión velará por los derechos de los usuarios de servicios públicos de luz, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones, a fin de que se brinden servicios de calidad y en las mejores condiciones para los usuarios, fomentando medidas para una autonomía de los organismos reguladores (Sunass, Osinergmin, Osiptel y Ositran); sin perder de vista la fiscalización de esas instituciones a fin de que cumplan eficientemente con sus funciones.
La Constitución Política del Perú en su artículo 65º consagra el principio de protección de los derechos de los consumidores: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho de información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.
Al respecto, es preciso considerar que en estos últimos años el rubro que presenta más quejas por parte de los usuarios es el sistema bancario, principalmente el de tarjetas de crédito. La mala información que ofrecen los bancos a los consumidores dan como resultado falsos intereses. En realidad hay una evidente falta de transparencia por parte de las entidades financieras, al no informar realmente la Tasa de Costo Efectivo, por tanto estos temas tenemos que corregirlos.
La Comisión buscará poner fin a estos abusos que sufren los consumidores. Urge una reforma en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que debe empezar desde el Estado y en la que deben estar involucradas las municipalidades y la sociedad civil.
El consumidor peruano se encuentra en desventaja frente a los proveedores por la poca o ninguna información que recibe, en este sentido es importante que la Comisión Consultiva de Juristas, que elaborará el Anteproyecto de Ley del Código de Consumo, considere la inserción de mecanismos de protección claros y eficaces que permitan al consumidor la defensa de sus derechos. Es indispensable que el referido Código sea un instrumento para difundir los derechos de los consumidores, que precise las sanciones a los infractores; sin descuidar la prevención en estos derechos, ni desarticular el actual sistema de protección al consumidor, al contrario sea mejorado, pero sobre todo se descentralice a nivel nacional esta protección.
El nuevo Código permitirá que el consumidor cuente con mecanismos de protección legal generando un mercado empresarial transparente y eficiente, por lo cual para que tenga legitimidad debe debatirse por todos los interesados. Tenemos que consultar, debatir y escuchar a quienes juegan papeles decisivos en la defensa del consumidor, los organismos reguladores, los operadores, proveedores y los propios consumidores que son los ciudadanos.En este sentido, la labor de la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos del Congreso de la República en este período 2009-2010 está enfocada en la mejora y modernización del marco normativo de la legislación en materia de consumo a través del Código de Consumo; y a su vez de una mejora del ámbito institucional y mecanismos de solución oportuna de los reclamos en los derechos de los consumidores. Sumado a la defensa de los derechos de los consumidores, la Comisión velará por los derechos de los usuarios de servicios públicos de luz, agua potable y saneamiento, telecomunicaciones, a fin de que se brinden servicios de calidad y en las mejores condiciones para los usuarios, fomentando medidas para una autonomía de los organismos reguladores (Sunass, Osinergmin, Osiptel y Ositran); sin perder de vista la fiscalización de esas instituciones a fin de que cumplan eficientemente con sus funciones.
La Constitución Política del Perú en su artículo 65º consagra el principio de protección de los derechos de los consumidores: “El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho de información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población”.
Al respecto, es preciso considerar que en estos últimos años el rubro que presenta más quejas por parte de los usuarios es el sistema bancario, principalmente el de tarjetas de crédito. La mala información que ofrecen los bancos a los consumidores dan como resultado falsos intereses. En realidad hay una evidente falta de transparencia por parte de las entidades financieras, al no informar realmente la Tasa de Costo Efectivo, por tanto estos temas tenemos que corregirlos.
La Comisión buscará poner fin a estos abusos que sufren los consumidores. Urge una reforma en el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que debe empezar desde el Estado y en la que deben estar involucradas las municipalidades y la sociedad civil.
COLUMNA DE OPINIÓN DIARIO EXPRESO
(*) Presidenta Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
Lima, 3 setiembre 2009
(*) Presidenta Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos
Lima, 3 setiembre 2009
